El Ayuntamiento de La Línea de la Concepción continúa dando pasos en materia de igualdad dentro de la propia organización con la creación de la comisión que se encargará de aplicar el Protocolo contra la violencia de género en el ámbito laboral.
Dicha comisión está formada por técnicas de las delegaciones de Personal e Igualdad, según informa la teniente de alcalde delegada de este área, Zuleica Molina. Su labor se centrará en la puesta en práctica de medidas de prevención, sensibilización y de protección de la mujer víctima, en coordinación con los recursos especializados en esta materia existentes en el municipio para garantizarles una asistencia integral. En el caso de recibir un caso de violencia de género, deberá reunirse en un plazo máximo de tres días y, si procede, tomará medidas cautelares para proteger a las personas implicadas durante todo el proceso, garantizando la confidencialidad y el respeto a su intimidad.
La creación de la comisión viene recogida en el Protocolo contra la violencia de género del Ayuntamiento de La Línea de la Concepción que, a su vez, forma parte del I Plan de Igualdad de trato y oportunidades en el ámbito laboral 2022-2026 aprobado por el consistorio.
El Protocolo contempla a todas las mujeres con una relación laboral o de prácticas con el Ayuntamiento, ya sea porque las víctimas, presuntos agresores o solo uno de ellos formen parte de la plantilla, e incluye a todas las trabajadoras que presten sus servicios en dependencias municipales, a mujeres contratadas por planes de empleo y en régimen de autónomas. Se aplicará tanto a las víctimas acreditadas como no acreditadas. Se entiende por acreditadas aquellas mujeres con sentencia condenatoria por delito de violencia de género contra ellas, orden de protección o cualquier otra resolución judicial. Una víctima no acreditada es la que no ha interpuesto denuncia pero existe sospecha, o ha denunciado pero no cuenta aún con acreditación.
Entre las medidas que plantea, además de la prevención, detección de casos y atención a víctimas, el Protocolo recoge los derechos laborales, de Seguridad Social y económicos vigentes para las víctimas, y describe las negociaciones colectivas en esta materia para garantizar la seguridad de la víctima en su puesto de trabajo.
