El equipo de gobierno demanda actuaciones por parte de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía para garantizar el derecho a la educación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.

La petición se articula por medio de una moción que se trasladará a pleno, en base a las reivindicaciones planteadas por parte del colectivo de profesionales técnicos de integración social (PTIS), reclamando de la Junta de Andalucía el cumplimiento de los convenios en este ámbito. Las demandas han llegado incluso a la convocatoria de una huelga indefinida, exigiendo un compromiso firme por parte de la empresa adjudicataria del servicio para solucionar la problemática y que la Junta de Andalucía mediante su Agencia Pública Andaluza de Educación sea garante del servicio y vigile a las empresas para que cumplan con las obligaciones que estas tienen con sus trabajadores.
Por parte municipal, se requiere de la administración autonómica un compromiso claro que atienda las demandas de estos profesionales, además de cubrir los servicios en los centros educativos para la atención de estos menores con necesidades específicas.