El concejal delegado municipal de Impulso y Desarrollo Urbano, Juan Carlos Valenzuela, considera que las críticas realizadas por el portavoz del Partido Socialista (PSOE), Miguel Tornay, sobre el procedimiento seguido para la elaboración de un documento de criterios y objetivos para la revisión del PGOU mediante la modalidad del contrato menor con invitación, no tienen fundamento alguno y carecen de cualquier tipo de argumentos.
En primer lugar, y sobre la exposición del político socialista rechazando el procedimiento iniciado para la citada invitación, Valenzuela se pregunta si quizás desde el PSOE se prefería que el proceso se realizara por adjudicación directa “del mismo modo que su partido contrató a un arquitecto como asesor urbanístico sin darle oportunidad a ninguno de los otros técnicos cualificados linenses a los que ahora tanto parece defender”. Sobre este asunto, recuerda también al PSOE que no hizo ninguna propuesta en la reunión de portavoces, a diferencia del Partido Andalucista que sí planteó la posibilidad de trasladar información sobre el concurso al Colegio de Arquitectos. Incide en que esta última iniciativa se llevó a cabo y un alto porcentaje de las propuestas presentadas se han hecho a través del mismo.
El concejal recuerda que en el proceso se han interesado 28 empresas, cinco linenses, para señalar la necesidad de establecer unos criterios a la hora de seleccionar a alguna de ellas. Del total de empresas, nueve han presentado la documentación justificativa de la solvencia técnica, dos de ellas de La Línea, por lo que pregunta al PSOE cuáles son los criterios restrictivos de los que habla.
De igual forma, Valenzuela lamenta que se hable de presunta burla a los ciudadanos sobre los criterios de selección, tratando de hacer ver que se ha hecho “a medida” para favorecer a alguien. “Lo que se hizo a medida fue la contratación de un asesor urbanístico por parte del PSOE, ya que ningún otro técnico tuvo oportunidad de ser elegido”. Se pregunta además “qué se ha hecho en Urbanismo durante el periodo 2011-2015 para amortizar este coste y cuáles fueron los criterios para seleccionar a ese técnico como asesor urbanístico y no a otro”.
En referencia a la ausencia de lógica alguna y la intención de excluir a la práctica totalidad de los interesados, Valenzuela señala que desde las filas socialistas se habla sin conocimiento de datos, recordando que se ha establecido un primer criterio que es la justificación de la solvencia técnica y a partir de ahí una valoración de las ofertas.
La exigencia de criterios técnicos y objetivos formulada por el portavoz del PSOE suponen, a criterio del edil de Urbanismo, otro cúmulo de despropósitos “ya que les recuerdo que últimamente han existido muchos cambios normativos en Andalucía en lo relativo a la modificación de los planes generales, sobre todo en los informes sectoriales. Recordar, en este sentido, que ha habido diferentes cambios en la Ley Orgánica Urbanística de Andalucía entre 2002 y 2014, así como en los informes sectoriales, el último en 2015 sobre gestión integrada de calidad ambiental.
Valenzuela se pregunta también ¿por qué el PSOE no hizo el PGOU durante su gobierno contando con técnicos municipales y un asesor urbanístico?, manifestando su sorpresa por las críticas sobre el coste disparatado de elaboración del nuevo plan, cifrado en más de un millón de euros. “Se le pidió una propuesta, ¿por qué no presentó el PSOE a la empresa que cobra 250.000 euros por el Plan General? ¿Por qué no me dice una ciudad de 65.000 habitantes que haya contratado el PGOU por 250.000 euros?”.
