La comisión informativa de Economía, Hacienda y Gestión Interna, prevista para el próximo jueves, 2 de septiembre, abordará, para su traslado al pleno ordinario del mes de septiembre, una propuesta de acuerdo de aceptación de la cesión gratuita de la antigua Residencia de Ancianos de Diputación en la calle Doctor Gómez Ulla, decisión adoptada por parte del ente provincial en sesión plenaria celebrada el pasado 23 de junio.
Recordar que, por parte municipal, el pleno acordó el 16 de febrero de este año solicitar a la Diputación provincial la cesion del edificio, mediante cesión gratuita, para su transformación en un Centro Asistencial para personas de la tercera edad en la barriada de San Bernardo, con un servicio de Residencia de Mayores Grandes Dependientes, prestando de esta forma una asistencia integral a este colectivo para asegurar su bienestar y atención inmediata cuando se encuentren en situación o riesgo de exclusión social, y de esta forma evitar y prevenir situaciones que puedan afectar a mayores dependientes, en un plazo máximo de cinco años y mantenerlos durante 30 años.
La propuesta de acuerdo insta a la Diputación provincial a la formalización en escritura pública de los términos recogidos en dicha cesión.
Recordar que, recientemente, el alcalde de la ciudad, Juan Franco, señaló que una vez que el Ayuntamiento recepcionara la finca, se tapiarán los accesos del edificio como primera medida para evitar la presencia de personas en el interior. Asimismo se iniciarían los trámites para la concesión del servicio, con la preparación de los pliegos tanto de cláusulas particulares como de prescripciones técnicas para implantar una residencia de mayores de grandes dependientes, subrayando que se trata de un recurso que hace muchísima falta en la ciudad y que abriría un centro público en una barriada que se quedó con ese núcleo entero sin uso.
Justifica esta iniciativa municipal velar por el interés público en la protección y el desarrollo de un sector de la población que, debido a sus circunstancias familiares, de vivienda y de salud no pueden permanecer en su domicilio y obligan a los poderes públicos a ofrecerles una atención integral, con una cobertura que facilite su bienestar. Por otro lado, dadas las circunstancias en la zona y en la barriada, el centro residencial beneficiaría el desarrollo económico y social local del lugar, reactivando su actividad, mermada desde el cierre de los centros sanitarios y asistenciales limítrofes.
