Fruto de las reuniones mantenidas en los últimos días entre el teniente alcalde Mario Fernández con representantes del Consorcio de Transporte Metropolitano del Campo de Gibraltar, el Ayuntamiento de La Línea ha elaborado un plan de pagos para abonar la deuda que mantiene con este organismo. La cantidad total, que asciende a 968.165,96 euros correspondiente a ejercicios desde 2006 a 2014, se pagará en 36 meses a contar desde noviembre, de manera que, al final del mandato político, la deuda quede saldada.
La mensualidad inicial será de 47.998 euros, cifra que decrecerá progresivamente hasta 16.342 euros del último pago. Igualmente, el ayuntamiento, se compromete a hacer frente al abono anual durante el ejercicio corriente, contribuyendo al aporte de fondos para que el consorcio acometa mejoras e inversiones en infraestructuras de su competencia.
Fernández ha informado de algunas propuestas, como la integración tarifaria del transporte urbano y el metropolitano, permitiendo el uso de una tarjeta única. Para ello, sería necesario firmar un protocolo entre el consorcio y el ayuntamiento, para posteriormente firmar el contrato programa con el operador, en el caso de La Línea, la empresa Los Amarillos. En relación al Plan de Movilidad Urbana Sostenible como requisito indispensable para solicitar ayudas estatales, el consorcio estudiaría opciones de contratación y financiación de una consultora para el desarrollo de dicho plan. En cuanto a infraestructuras, las mejoras se centrarían en la accesibilidad a las paradas de transporte público, metropolitano y urbano, y en actuaciones en la Estación de Autobuses de La Línea.
Por otra parte, en la mañana del viernes, Mario Fernández, como representante del Ayuntamiento de La Línea, ha acudido a una sesión extraordinaria del Consejo de Administración del Consorcio que ha aprobado una modificación de los estatutos para su adaptación a las leyes de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local y del Sector Público, con los votos en contra de Algeciras y Tarifa, y la abstención de Castellar. Esta modificación supondrá, entre otros aspectos, un cambio del régimen financiero y jurídico del consorcio, pasando a ser un organismo autonómico. A partir de ahora, los ayuntamientos deberán ratificar en pleno el texto definitivo, después de lo cual se expondrá a información pública antes de su aprobación definitiva por el Consejo de Gobierno andaluz, de manera que los nuevos estatutos puedan entrar en vigor el 1 de enero de 2016.
