12 octubre, 2024

12 octubre, 2024

Infraestructuras y Transportes y Movilidad Urbana coordinan la retirada del puente sobre la avenida del Ejército

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La concejal delegada de Infraestructuras, Yolanda Fernández Borastero, ha mantenido esta mañana una reunión con representantes de la empresa Innate, responsable de la redacción de proyecto y posterior retirada del puente de la Constitución, en la Avenida del Ejército, encuentro en el que también han participado técnicos tanto de la propia concejalía de Infraestructuras como de la de Transportes y Movilidad Urbana.


La coordinación de los trabajos de desmontaje para minimizar en lo posible los impactos sobre el tráfico rodado y los bloques de viviendas cercanos son dos de los pilares que han motivado la reunión. La concejal de Infraestructuras ha señalado la intención de realizar los trabajos de la mejor, con la prioridad de evitar problemas en una de las principales arterias de circulación de la ciudad y en un entorno, como la Plaza de la Constitución, donde habitan muchas personas.
Como se recordará, el equipo de gobierno decidió hace algunos meses la retirada de este puente alegando lo innecesario de dicho elemento y su falta de mantenimiento. Para ello, sacó a licitación un contrato para la redacción del proyecto y posterior retirada del puente, cuyo valor de adjudicación fue de 94.849 euros y su plazo de ejecución total de tres meses y medio.
El paso elevado, resuelto en acero y hormigón, se encuentra en un avanzado estado de deterioro debido a diversas causas como son los materiales con los que ha sido construido y su localización muy cercana al mar, según refleja un informe municipal. Además, es una pasarela que apenas ha sido utilizada por los viandantes desde el mismo momento en que se construyó, por lo que, se entiende que carece de sentido mantener una infraestructura de estas características que necesita de una reparación/rehabilitación previa y de un posterior mantenimiento periódico. Por tanto, la retirada del puente supondrá la eliminación de un peligro para la ciudadanía, y en segundo lugar, un ahorro a la larga para el consistorio.

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