La sesión extraordinaria de la comisión informativa de Economía de este viernes lleva un único punto en su orden del día: la aprobación de un nuevo convenio con la Diputación provincial de Cádiz en materia de gestión tributaria y sancionadora. La comisión es previa a un pleno extraordinario que se celebrará con toda probabilidad la semana próxima.
El nuevo convenio con Diputación es fruto de las reuniones que desde el pasado mes de septiembre ha venido manteniendo el alcalde de la ciudad, Juan Franco, con responsables de Recaudación y Gestión Tributaria de la institución provincial. Dos materias específicamente importantes han centrado el interés de la primera autoridad municipal. La primera de ellas es mejorar la eficiencia del servicio de recaudación de La Línea y, la segunda, conseguir más ingresos para el Ayuntamiento a través de la reducción de los costes que tiene este servicio.
Entre los puntos más significativos recogidos en el convenio destacar que su duración será de diez años, quedando renovado automáticamente cada anualidad. El mismo establece la gestión censal y tributaria de los impuestos sobre vehículos de tracción mecánica, sobre el incremento en el valor de los terrenos de naturaleza urbana y cualquier otro tributo ordenado por el Ayuntamiento y aceptado expresamente por parte de la Diputación.
La institución municipal delega el ejercicio de las facultades de recaudación, en periodo voluntario y ejecutivo, de los tributos y demás ingresos de derecho público de titularidad municipal.
En lo relativo a las actuaciones propias del Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria destaca la asistencia al contribuyente en la Unidad Técnica Tributaria del municipio, determinar los medios de cobro más eficaces, fijar los plazos o periodos de cobro en voluntaria respecto de las deudas de vencimiento periódico, conferir y revocar a las entidades el carácter de entidades colaboradoras y establecer las condiciones de colaboración, resolver las solicitudes de planes de pago, aplazamientos y fraccionamientos, tanto en periodo voluntario como ejecutivo y acordar, en su caso, la enajenación de los bienes embargados por los servicios técnicos.
El Ayuntamiento delega en la Diputación las facultades de inspección tributaria. La inspección de los tributos municipales se ajustará a la elaboración de un Plan de Inspección anual, donde se establecerán los impuestos, zonas y criterios sujetos a la inspección en cada ejercicio.
Además, se fija la delegación de expedientes sancionadores en casos derivados de infracciones a la normativa de tráfico vial urbano o infracciones administrativas recogidas en las ordenanzas municipales.
En el apartado económico se estipulan los porcentajes que la institución provincial percibirá con cargo a la gestión censal y tributaria, regularización catastral, gestión recaudatoria, gestión de expedientes sancionadores de tráfico y otras sanciones.
Sobre la gestión de los recursos humanos necesarios, el Ayuntamiento aportará un empleado municipal más en el momento que se asuman las competencias dispuestas en el convenio.
Con el fin de coordinar, decidir y proponer las actividades necesarias para la ejecución de lo dispuesto, se creará una Comisión Técnica de Coordinación y Seguimiento, compuesto por dos representantes de cada una de las partes.
